La forma política del Estado Español es la monarquía constitucional hereditaria con un régimen de democracia parlamentaria. Los poderes están divididos en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
Según la Constitución Española de 1978, el Rey es el Jefe del Estado y Capitán General de los tres Ejércitos, como máximo jefe de las Fuerzas Armadas. Entre las funciones que le otorga la Constitución figuran la de proponer el candidato a Presidente del Gobierno y nombrarlo, una vez que ha obtenido la confianza de las Cortes, la de nombrar a los restantes miembros del Gobierno propuestos por el Presidente y sancionar las leyes aprobadas en las Cortes. La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a explicaciones.
La monarquía es una de las influencias más importantes en la vida de España. Se considera que ha sido imagen de la permanencia y unidad del Estado, y que ha contribuido a modernizar al país. Mediante su actividad, la Corona se ha dedicado a poner al Estado en relación con el pueblo y ha contribuido a integrar la variedad de las tierras de España en una sola nación.
Se reconoce el carácter abierto y directo de la Familia Real y el apoyo a numerosas causas morales y humanitarias. Para los españoles, la monarquía es la máxima garantía de las instituciones y valores democráticos.
Tras el largo reinado de Juan Carlos I en 2014 decidió abdicar y le sucedió su hijo Felipe, el pequeño de tres hermanos. La Constitución española todavía recoge una ley de sucesión en la que los derechos sucesorios del varón priman sobre los de las mujeres. Este tema es bastante controvertido hoy en día. Aunque la institución monárquica es bastante respetada en nuestro país, comienzan a surgir voces que discrepan de ella. Han aparecido partidos políticos que propugnan la República como forma de organización política más moderna porque el Presidente de la República se elige por votación y no por derechos hereditarios.
El Poder Legislativo recae en las llamadas “Cortes Generales” (Parlamento Español), compuestas por el Congreso de los Diputados y el Senado. Sus miembros son elegidos cada cuatro años mediante sufragio universal. Estas elecciones se denominan “elecciones generales” y en ellas sólo pueden votar y ser votados los ciudadanos con nacionalidad española.
Actualmente España se encuentra en una complicada situación con un gobierno en funciones desde diciembre de 2015.
Los partidos políticos mayoritarios en España son el Popular (PP) y el Socialista Obrero Español (PSOE). Existen otros partidos y grupos como Ciudadanos (centro derecha) y Podemos (extrema izquierda) que han nacido y crecido a un ritmo vertiginoso tras la crisis económica. Estamos en un momento crucial en el que se trata de conseguir pactos y acuerdos para evitar una repetición de las elecciones. Uno de los aspectos más conflictivos es la tensión independentista en Cataluña. Tras dos elecciones generales y pese a haber ganado en ambas el Partido Popular, ninguna fuerza tiene la mayoría necesaria (176 escaños) para gobernar. El segundo partido, el Partido Socialista obtuvo 85 diputados y el Partido Popular 134. Ciudadanos y Podemos son las otras dos formaciones con mayor presencia parlamentaria. Si a mediados de octubre no se llega a ningún acuerdo para conseguir formar gobierno España irá a las terceras elecciones en un año en navidad. Se trata de una situación que nunca se había dado anteriormente.
La función legislativa la comparten las Cortes Generales con los parlamentos de las Comunidades Autónomas, que también tienen capacidad para aprobar leyes.
El Poder Ejecutivo de la nación lo ejerce el Presidente del Gobierno, quien es elegido por un período de cuatro años y es asistido por un Consejo de Ministros. El Gobierno dirige la política interior y exterior, la administración civil y militar, y la defensa del Estado. Para cumplir sus funciones, el Gobierno puede desarrollar las Leyes aprobando normas menores (reglamentos y ordenes). Esta función ejecutiva se lleva a cabo también por los Gobiernos de las Comunidades Autónomas y por los Gobiernos de las Entidades Locales.
El Poder Judicial se administra, en nombre del Rey por Jueces y Magistrados. El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del poder judicial y El Tribunal Superior de Justicia es el cuerpo jurídico más alto del Estado. El presidente del Tribunal es nombrado por el Rey según propuesta del Consejo General del Poder Judicial. El Fiscal del Estado es nombrado por el Rey y propuesto por el Gobierno. La oficina del fiscal público es la encargada de promover la acción de la justicia en defensa de los derechos de los ciudadanos y del interés público, y de asegurar la independencia de las Cortes.
Tensión independentista en Cataluña. ¿Qué consecuencias económicas tendría una eventual separación de Cataluña del resto de España?
Grandes empresas se marcharían de Cataluña; La renta per cápita caería en 5.600 euros y se situaría por debajo de la media española; El PIB sufriría un brusco descenso del 20%; Se perdería uno de cada seis empleos. Incertidumbres políticas, tensiones sociales, desconfianza de los mercados, huida de inversiones, posibles fugas de capitales e introducción de una nueva moneda serían las primeras consecuencias.
Pero la realidad es más dura. Algunas empresas han avisado que se marcharían de Cataluña en caso de obtener la secesión, otras, en cambio, ya lo han hecho, el último conocido, el de la Jijoneneca (fabricante de turrones y polvorones). El presidente de Volkswagen-Audi España, Ludger Fretzen, ha declarado que "Volkswagen-Audi abandonaría Cataluña en caso de secesión". Recordemos además que la empresa SEAT, pilar fundamental de la industria catalana, es filial de Volkswagen y vende la mayor parte de su producción en el extranjero por lo que es improbable que un sector tan competitivo como el del automóvil permaneciera en Cataluña si sus exportaciones se encarecieran con aranceles y otros costes suplementarios por los efectos de la salida de la UE. SEAT genera el 1,2% del PIB de Cataluña y el 5,1% del todos los empleos de la industria catalana. El presidente del Grupo Planeta, José Manuel Lara, una de las diez empresas más importantes de Cataluña, ha anunciado que "si Cataluña fuera independiente, "se tendría que ir".
Cataluña registró en 2014 un saldo negativo de 385 empresas que trasladaron su domicilio fiscal a otras CCAA, principalmente a Madrid. Es la Comunidad de la que más empresas se han deslocalizado, coincidiendo con la etapa de mayor intensificación del proyecto secesionista de Mas. La tendencia continúa en 2016.
La caída en las ventas al resto de España de las empresas catalanas y el traslado en algunos casos de su actividad al resto del país en forma de deslocalizaciones tendrían obviamente su reflejo directo en la pérdida de empleos. Sólo la posible deslocalización de la actividad de SEAT supondría la pérdida de unos 40.000 empleos catalanes directos e indirectos. La separación de las empresas catalanas de su principal mercado de donde obtienen la mayor parte de sus ingresos, que es el resto de España, comportaría una caída del PIB de 25.584 millones de euros, el 60.53% del total de la caída de la riqueza prevista de Cataluña en caso de secesión. Del análisis del comportamiento relativo de las curvas de desempleo y el PIB en el caso de Cataluña, puede estimarse que la caída prevista del PIB catalán del 20.15% conllevaría una caída de la población ocupada en una estimación conservadora del 17,18%, lo cual equivale a 495.000 parados registrados adicionales a los ya existentes. En otras palabras, aproximadamente 1 de cada 6 catalanes actualmente con empleo podría perderlo.
Los estudios auguran una caída de las ventas catalanas al resto de España de más del 50% de media en los primeros cuatro años como país.
Cataluña se quedaría fuera de la UE, como han asegurado recientemente el comisario de la Comisión Europea, Joaquín Almunia, el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, y la vicepresidenta de la CE, Viviane Reding. La misma advertencia que se hizo a Escocia.
En ese caso, las exportaciones de las empresas catalanas a la Unión Europea, incluida España, quedaría gravado con un arancel cercano al 1,6% sobre el valor de la mercancía importada por los países de la Unión. Este porcentaje es el que se aplica en la actualidad.
Administrativamente España está organizada en municipios, provincias y Comunidades Autónomas. Existen diecisiete Comunidades Autónomas y dos Ciudades Autónomas, que disponen de sus respectivos parlamentos y ejecutivos.
Cada Comunidad Autónoma está formada por una o varias provincias, en total, en España, hay 50 provincias. Cada provincia la componen un número variable de municipios, en España, hay más de 8 mil municipios.
España es un Estado unitario, pero el poder se encuentra descentralizado, tanto política como administrativamente, lo que quiere decir que la toma de decisiones públicas y la ejecución de las mismas, no corresponde únicamente al Poder Central, sino que comparte tales funciones con las Comunidades Autónomas y las entidades locales.
A través del “Estatuto de Autonomía”, las Comunidades Autónomas gozan de una reconocida y amplia potestad ejecutiva y legislativa. Para ellos, cuentan con un parlamento, un gobierno y una administración propios.
Los ciudadanos de nacionalidad española residentes en cada Comunidad Autónoma elegirán cada cuatro años, en las denominadas “Elecciones Autonómicas”, a los miembros del Parlamento Autonómico, que, a su vez, elegirá, posteriormente, al Presidente del Gobierno Autonómico. En estos gobiernos se deciden cuestiones relativas a la seguridad, educación, sanidad y fiscalidad de cada comunidad.
The politics of Spain takes place under the framework established by the Constitution of 1978. Spain is established as a social and democratic state, wherein the national sovereignty is vested in the people, from which the powers of the state emanate.
The form of government in Spain is a parliamentary monarchy, that is, a social representative, democratic, constitutional monarchy in which the monarch is the head of state, while the prime minister — whose official title is "president of the Government" — is the head of government. Executive power is exercised by the government, which is integrated by the prime minister, the deputy prime ministers, and other ministers, which collectively form the Cabinet, or Council of Ministers. Legislative power is vested in the Cortes Generales (General Courts), a bicameral parliament constituted by the Congress of Deputies and the Senate. The judiciary is independent of the executive and the legislature, administering justice on behalf of the King by judges and magistrates. The Supreme Court of Spain is the highest court in the nation, with jurisdiction in all Spanish territories, superior to all in all affairs, except in constitutional matters, which are the jurisdiction of a separate court, the Constitutional Court.
Spain's political system is a multi-party system, but since the 1990s, two parties have been predominant in politics, the Spanish Socialist Workers' Party (PSOE) and the People's Party (PP). Nowadays Ciudadanos and Podemos are involved in the Parliament. Regional parties, mainly the Basque Nationalist Party (EAJ-PNV) from the Basque Country, and Convergence and Union and the Socialists' Party of Catalonia (PSC) from Catalonia, have also played key roles in Spanish politics. Members of the Congress of Deputies are selected through proportional representation, and the government is formed by the party or coalition that has the confidence of the Congress, usually the party with the largest number of seats. Since the Spanish transition to democracy, there have not been coalition governments; when a party has failed to obtain absolute majority, minority governments have been formed.
Spain is not a federation, but a highly decentralized unitary state.While sovereignty is vested in the nation as a whole, represented in the central institutions of government, the nation has asymmetrically devolved power to the communities, which, in turn, exercise their right to self-government within the limits set forth in the constitution and their autonomous statutes.Some scholars have referred to the resulting system as a federal system in all but name or a "federation without federalism". There are 17 autonomous communities and two autonomous cities that are collectively known as "autonomies".The two autonomous cities have the right to become autonomous communities, but neither has yet used this right. This unique framework of territorial administration is known as the "State of Autonomies".
The autonomous communities are governed according to the constitution and their own organic laws known as Statutes of Autonomy, which contain all the competences that they assume. Since devolution was intended to be asymmetrical in nature,[7] the scope of competences vary for each community, but all have the same parliamentary structure.
Actualmente España se encuentra en una complicada situación con un gobierno en funciones desde diciembre de 2015.
Los partidos políticos mayoritarios en España son el Popular (PP) y el Socialista Obrero Español (PSOE). Existen otros partidos y grupos como Ciudadanos (centro derecha) y Podemos (extrema izquierda) que han nacido y crecido a un ritmo vertiginoso tras la crisis económica. Estamos en un momento crucial en el que se trata de conseguir pactos y acuerdos para evitar una repetición de las elecciones. Uno de los aspectos más conflictivos es la tensión independentista en Cataluña. Tras dos elecciones generales y pese a haber ganado en ambas el Partido Popular, ninguna fuerza tiene la mayoría necesaria (176 escaños) para gobernar. El segundo partido, el Partido Socialista obtuvo 85 diputados y el Partido Popular 134. Ciudadanos y Podemos son las otras dos formaciones con mayor presencia parlamentaria. Si a mediados de octubre no se llega a ningún acuerdo para conseguir formar gobierno España irá a las terceras elecciones en un año en navidad. Se trata de una situación que nunca se había dado anteriormente.
Tensión independentista en Cataluña. ¿Qué consecuencias económicas tendría una eventual separación de Cataluña del resto de España?
Cataluña registró en 2014 un saldo negativo de 385 empresas que trasladaron su domicilio fiscal a otras CCAA, principalmente a Madrid. Es la Comunidad de la que más empresas se han deslocalizado, coincidiendo con la etapa de mayor intensificación del proyecto secesionista de Mas. La tendencia continúa en 2016.
La caída en las ventas al resto de España de las empresas catalanas y el traslado en algunos casos de su actividad al resto del país en forma de deslocalizaciones tendrían obviamente su reflejo directo en la pérdida de empleos. Sólo la posible deslocalización de la actividad de SEAT supondría la pérdida de unos 40.000 empleos catalanes directos e indirectos. La separación de las empresas catalanas de su principal mercado de donde obtienen la mayor parte de sus ingresos, que es el resto de España, comportaría una caída del PIB de 25.584 millones de euros, el 60.53% del total de la caída de la riqueza prevista de Cataluña en caso de secesión. Del análisis del comportamiento relativo de las curvas de desempleo y el PIB en el caso de Cataluña, puede estimarse que la caída prevista del PIB catalán del 20.15% conllevaría una caída de la población ocupada en una estimación conservadora del 17,18%, lo cual equivale a 495.000 parados registrados adicionales a los ya existentes. En otras palabras, aproximadamente 1 de cada 6 catalanes actualmente con empleo podría perderlo.
Administrativamente España está organizada en municipios, provincias y Comunidades Autónomas. Existen diecisiete Comunidades Autónomas y dos Ciudades Autónomas, que disponen de sus respectivos parlamentos y ejecutivos.
The politics of Spain takes place under the framework established by the Constitution of 1978. Spain is established as a social and democratic state, wherein the national sovereignty is vested in the people, from which the powers of the state emanate.
The form of government in Spain is a parliamentary monarchy, that is, a social representative, democratic, constitutional monarchy in which the monarch is the head of state, while the prime minister — whose official title is "president of the Government" — is the head of government. Executive power is exercised by the government, which is integrated by the prime minister, the deputy prime ministers, and other ministers, which collectively form the Cabinet, or Council of Ministers. Legislative power is vested in the Cortes Generales (General Courts), a bicameral parliament constituted by the Congress of Deputies and the Senate. The judiciary is independent of the executive and the legislature, administering justice on behalf of the King by judges and magistrates. The Supreme Court of Spain is the highest court in the nation, with jurisdiction in all Spanish territories, superior to all in all affairs, except in constitutional matters, which are the jurisdiction of a separate court, the Constitutional Court.
Spain's political system is a multi-party system, but since the 1990s, two parties have been predominant in politics, the Spanish Socialist Workers' Party (PSOE) and the People's Party (PP). Nowadays Ciudadanos and Podemos are involved in the Parliament. Regional parties, mainly the Basque Nationalist Party (EAJ-PNV) from the Basque Country, and Convergence and Union and the Socialists' Party of Catalonia (PSC) from Catalonia, have also played key roles in Spanish politics. Members of the Congress of Deputies are selected through proportional representation, and the government is formed by the party or coalition that has the confidence of the Congress, usually the party with the largest number of seats. Since the Spanish transition to democracy, there have not been coalition governments; when a party has failed to obtain absolute majority, minority governments have been formed.
Spain is not a federation, but a highly decentralized unitary state.While sovereignty is vested in the nation as a whole, represented in the central institutions of government, the nation has asymmetrically devolved power to the communities, which, in turn, exercise their right to self-government within the limits set forth in the constitution and their autonomous statutes.Some scholars have referred to the resulting system as a federal system in all but name or a "federation without federalism". There are 17 autonomous communities and two autonomous cities that are collectively known as "autonomies".The two autonomous cities have the right to become autonomous communities, but neither has yet used this right. This unique framework of territorial administration is known as the "State of Autonomies".
The autonomous communities are governed according to the constitution and their own organic laws known as Statutes of Autonomy, which contain all the competences that they assume. Since devolution was intended to be asymmetrical in nature,[7] the scope of competences vary for each community, but all have the same parliamentary structure.
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